Viavilidad de la energia nuclear en Uruguay

En marzo de 2008 el ex presidente Vázquez pidió en el Consejo de Ministros que se
estudiara la posibilidad de que el país cuente con energía atómica, fuente que
actualmente está expresamente prohibida por ley. La ley 16.832 fue votada en 1997
bajo la presidencia de Sanguinetti y en su artículo 27 establece: “Prohíbese el uso de energía de origen nuclear en el territorio nacional. Ningún agente del mercado
mayorista de energía eléctrica podrá realizar contratos de abastecimiento de energía

eléctrica con generadores nucleares ni con generadores extranjeros cuyas plantas
contaminen el territorio nacional”
Este artículo ha sido muy criticado, dado que la energía de origen nuclear se utiliza en
nuestro país en medicina, además de que en casos en que hay que importar energía
eléctrica, una parte de la misma proviene de fuentes nucleares fuera del territorio
nacional.
En caso de derogarse esta ley, entraría en vigencia nuevamente una ley anterior:
artículo 215 de la ley 16.226 de 29 de octubre de 1991.
"… la instalación en cualquier
parte del territorio nacional de centrales nucleares de generación de energía eléctrica,
públicas o privadas requerirá aprobación por ley".
A partir de la disposición del gobierno a comenzar a pensar en esta posibilidad, se creó
una comisión técnica para estudiar el tema energía nuclear. Esta comisión, integrada
principalmente por técnicos de la Universidad de la República, elaboró un informe
detallado sobre los distintos aspectos que integran el tema nuclear y recomendó la
formación de un grupo que siguiera los pasos recomendados por la OIEA. Es de
destacar que Uruguay no posee expertos en la generación de energía núcleo-eléctrica
que residan en el país. Una comisión multipartidaria fue creada para ello. La misma
está integrada por representantes de cada partido político y tres especialistas del Poder
Ejecutivo: uno del Ministerio de Salud Pública, uno de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, y el director nacional de Energía, Ramón Méndez. Esta
comisión se encuentra en la Fase I propuesta por la OIEA, siguiendo el protocolo
recomendado para poder definir si la generación de energía nucleoeléctrica es una
posibilidad para nuestro país. La fase uno demora entre 1 y 2 años para pronunciarse
luego de estudiar el tema.
De continuarse, la fase dos correspondería al montaje de la infraestructura legal, la
formación de juristas especializados y creación de la autoridad reguladora. En una
tercera etapa de resolverían aspectos técnicos como el tipo de reactor a comprar,
manejo de residuos, costos y llamado a licitación. La última fase correspondería a la
construcción de la central. Estas fases se corresponden con el protocolo del Organismo
Internacional para la Energía Atómica (OIEA) detalladas anteriormente.
Por su parte, la Red Uruguaya de ONGs Ambientalistas ya hizo pública su postura
contraria a la instalación de una central nuclear por considerando, entre otras cosas, el
tema de los residuos y la dificultad de encontrar en el territorio nacional un lugar para
su disposición segura durante miles de años, la posibilidad de accidentes y su riesgo
potencial, señalando que la reducción de emisiones de CO2 de Uruguay no justifica el
cambio de generación eléctrica y proponiendo la incorporación de energías renovables
y sustentables como la eólica, la solar, la térmica y la biomasa, más adecuadas según
ellos para la escala nacional. Según un informe de la DINAMA (2008), disponible en
www.mvotma.gub.uy/dinama, el sector agropecuario es responsable del 80% e las
emisiones uruguayas de gases de efecto invernadero, mientras que el 14%
corresponde a la generación de energía (dentro de este porcentaje se encuentra la
electricidad). La menor incidencia de la electricidad en las emisiones uruguayas estaría
respaldando el argumento citado.